Por qué la ley exige una evaluación de control de impulsos al personal de seguridad en Chile

El personal de seguridad es, muchas veces, la primera persona que enfrenta una situación de tensión real: una visita que se niega a seguir un protocolo, un conflicto que escala rápido, una persona alterada que no quiere razonar. La ley chilena exige que quien ocupa ese lugar tenga una capacidad real de regulación emocional, y no es una exigencia teórica.

En enero de 2026, un conserje de un edificio en Vitacura fue agredido durante un conflicto por el ingreso al recinto. El caso escaló hasta un proceso judicial con extradición confirmada del agresor desde Brasil, y sigue en curso. No fue un hecho aislado: en marzo de ese mismo año, dos conserjes de un condominio en Huechuraba fueron agredidos por una visita que se negó a ingresar por el acceso correspondiente, uno de ellos terminó hospitalizado.

El personal de seguridad no provoca estas situaciones, las recibe

Ninguno de estos casos comenzó por una decisión del personal de seguridad. Comenzaron por la conducta de terceros, y el guardia o conserje tuvo que sostener esa tensión sin escalarla, muchas veces en soledad y sin apoyo inmediato. Ese es exactamente el escenario que la evaluación de control de impulsos busca anticipar: que la persona que está en esa posición cuente con las herramientas para no responder con la misma intensidad que recibe.

Esto no significa que el personal de seguridad deba tolerar cualquier agresión en silencio. Significa que su capacidad de mantener la calma bajo presión, y de recurrir a los canales correctos en vez de una respuesta impulsiva, puede ser la diferencia entre una situación tensa que se contiene y una que termina en una agresión grave o en una denuncia que compromete su propio trabajo.

La norma no busca un imposible, busca una capacidad real

El Decreto 867 exige que quien trabaje en seguridad tenga condiciones psíquicas compatibles con la función, con especial énfasis en el control de impulsos. No pide personas que nunca sientan rabia o miedo frente a una agresión, eso no es realista para nadie. Pide personas con la capacidad de regular esa respuesta antes de actuar.

Casos como los de Vitacura y Huechuraba muestran justamente por qué esa exigencia legal no es un trámite burocrático más: es una barrera pensada para proteger tanto al personal de seguridad como a las personas con las que interactúa a diario, en un trabajo donde la tensión puede aparecer sin aviso.