El caso de las licencias falsas y los funcionarios en el casino: qué dice de verdad sobre la salud mental en Chile

Equipo Clínico API Chile 8 de octubre, 2026

En agosto de 2025, la Contraloría informó que 13.286 funcionarios públicos asistieron a algún casino de juego mientras estaban con licencia médica, entre 2023 y 2024. Meses antes había detectado a 25.078 funcionarios que viajaron al extranjero durante su reposo, y después sumó otros 10.805 casos.

El problema no se limitó al sector público. El informe anual de la SUSESO identificó a 80.570 trabajadores del sector privado que viajaron al extranjero estando con licencia, entre enero de 2024 y junio de 2025.

13.286
funcionarios públicos fueron a un casino estando con licencia (2023-2024)
Contraloría, agosto 2025
80.570
trabajadores privados viajaron al extranjero durante su licencia
SUSESO, informe 2025
1 %
de los cerca de 29.000 funcionarios involucrados terminó destituido
Dipres, vía reportaje de TV

Lo que empezó como una cifra abstracta se fue convirtiendo, mes a mes, en nombres, fechas y montos concretos. Vale la pena mirar cómo maduró esta historia completa, porque dice más sobre el sistema de licencias médicas que cualquier explicación abstracta.

Los primeros casos que llegaron a tribunales

La Fiscalía formalizó a un primer grupo de funcionarios públicos por obtención fraudulenta de licencias. Una funcionaria de una corporación de educación municipal compró 14 licencias por 210 días bajo diagnóstico de salud mental, de las cuales 9 fueron efectivamente pagadas. Otra, de un servicio de salud regional, recibió 30 días por salud mental, viajó a Brasil y fue vista en un casino mientras cobraba el subsidio.

Hubo también un caso con un matiz distinto: un funcionario municipal tuvo dos licencias emitidas por el mismo doctor, cada una coincidiendo con un viaje al extranjero, pero una de esas dos licencias sí fue detectada y rechazada por el sistema. En total, la Fiscalía busca formalizar a 359 personas por este esquema, en tandas de audiencias que se han extendido por semanas.

El negocio detrás: médicos que industrializaron el fraude

Detrás de estos funcionarios hay una estructura mucho más grande. En 2022 se destapó la mayor investigación por licencias médicas falsas de la historia reciente del país: 33 médicos formalizados por estafa y asociación ilícita, con un perjuicio calculado en 500 mil millones de pesos para Fonasa.

Un caso posterior mostró hasta dónde puede llegar esto a nivel individual. Un médico general, sin ninguna especialidad, emitió más de 27 mil licencias entre 2021 y 2025, la mayoría por salud mental. El día que más licencias entregó, en diciembre de 2022, fueron 163 en una sola jornada, casi una cada dos minutos de trabajo. El perjuicio que causó solo a Fonasa superó los 13 mil millones de pesos. Hoy está en prisión preventiva.

Otro grupo de 41 médicos extranjeros, investigados por el mismo tipo de esquema, simplemente huyó del país apenas se enteraron de que había una causa penal en camino. No existía en ese momento ninguna medida que les impidiera salir de Chile antes de ser formalizados.

Cuánto cuesta esto en términos reales

En el Senado se calculó que el gasto asociado a licencias médicas fraudulentas ronda los 30 millones de dólares al mes. Para dimensionarlo, se comparó con el costo de construir un hospital pequeño, que ronda esa misma cifra. Es decir, el país estuvo perdiendo, mes a mes, el equivalente a un hospital completo.

El Servicio de Impuestos Internos abrió, por su parte, más de 100 sumarios a funcionarios actuales y exfuncionarios por este mismo tema. Codelco, la empresa estatal del cobre, identificó 204 casos internos de licencias médicas irregulares y llegó a 37 despidos, aunque sin derecho a indemnización, porque como empresa estatal se rige por el Código del Trabajo y no por el procedimiento sumarial de la administración pública central.

El giro incómodo: casi nadie fue sancionado

Un informe posterior de la Dirección de Presupuestos mostró algo que contradice la sensación de escándalo masivo: de cerca de 29 mil funcionarios involucrados, solo 262 terminaron destituidos, apenas el 1% del total. El Estado, mientras tanto, pagó más de 36 mil millones de pesos en licencias a personas que no estaban trabajando.

Un ex presidente del Consejo para la Transparencia, consultado sobre este resultado, fue directo: los sumarios internos los hacen los propios compañeros de trabajo, sin garantías reales de debido proceso, y eso convierte el sistema disciplinario en algo diseñado, en la práctica, para que no funcione. Los números van en la misma línea: más de mil procesos cerrados y menos de 300 destituciones.

Lo que se endureció
La revisión de cada licencia, los cruces de datos y las exigencias para los médicos que las emiten.
Lo que avanzó lento
La sanción efectiva de quienes cometieron fraude comprobado dentro de la administración pública.

Esa es la parte que casi nunca se cuenta junto al escándalo. El sistema que revisa licencias médicas es exigente y desconfiado con quien pide un reposo real, pero la institucionalidad que debía sancionar el fraude comprobado avanzó mucho más lento.

La respuesta: más exigencias para quien emite licencias

La Ley 21.746, publicada en mayo de 2025, exigió a los médicos titulados desde el 19 de abril de 2009 aprobar el examen único nacional (EUNACOM) para seguir emitiendo licencias. Tenían plazo hasta el 24 de mayo de 2026; quienes no lo aprobaron perdieron esa facultad. Quedan exentos los especialistas certificados.

Se sumaron otros controles que antes no existían: un profesional no puede emitir licencias médicas mientras él mismo está con una vigente, y tampoco puede autoemitirse una. Los efectos se notaron: según la SUSESO, en 2025 se emitieron 7.016.470 licencias, más de un millón menos que el año anterior (12,9 % menos), y la SUSESO pasó de 1.019 a 2.324 investigaciones a médicos emisores.

Lo que esto significa para quien sí está enfermo

El fraude es real, y también lo es el costo que paga quien está enfermo de verdad cuando el sistema sospecha de todos.

La desconfianza del sistema hacia una licencia por salud mental no nace de la nada. Nace de casos reales, masivos y documentados como estos. El problema es que el filtro que se endureció para atrapar el fraude no distingue bien entre quien está mintiendo y quien está describiendo, con toda honestidad, algo que no se puede fotografiar como una fractura.

Eso tiene un costo psicológico concreto. Alguien que ya está atravesando una crisis de salud mental, y que además tiene que demostrarla frente a un sistema que por defecto sospecha, carga con una exigencia doble: sostener el cuadro y, al mismo tiempo, probar que es real. Es exactamente la carga que un buen respaldo clínico está pensado para aliviar, no para «ganarle» al sistema, sino para que la sospecha no recaiga, otra vez, sobre la persona equivocada.

Si te rechazaron una licencia de salud mental, en el proceso completo cuando rechazan tu licencia médica encontrarás todas las rutas y plazos, y en por qué el sistema rechaza tantas licencias de salud mental, lo que dicen las cifras. En API Chile preparamos el informe psicológico para apelar ante la COMPIN o la SUSESO.

Fuentes consultadas

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