Denuncias falsas de abuso sexual en tribunales de familia: lo que dice la evidencia y lo que vive cada parte

El caso de un padre que pasó cuatro años preso por algo que no hizo

Rodrigo vivía en la región del Biobío cuando una denuncia por la presunta violación de su hija le cambió la vida por completo. Pasó cuatro años en prisión sosteniendo siempre su inocencia.

Con los años, su hija, ya mayor de edad, se retractó de la acusación. Exámenes médicos posteriores confirmaron que la denuncia había sido falsa. Rodrigo fue absuelto.

Su historia, documentada por un reportaje de 24 Horas TVN, ilustra algo que rara vez se discute con datos concretos: qué pasa cuando el sistema, diseñado para proteger, termina equivocándose.

Lo que muestran las cifras oficiales

Según cifras de la Fiscalía citadas en ese reportaje, las denuncias por abuso sexual infantil que terminan archivadas pasaron de poco más de 4.000 en 2018 a más de 9.000 en 2024.

Las absoluciones, es decir, los casos en que el denunciado es declarado inocente tras un juicio, subieron de alrededor de 120 en 2018 a cerca de 600 en el año más reciente. Son cifras institucionales, no estimaciones de un reportaje aislado.

La postura oficial: un problema real, pero no masivo

La propia Fiscalía Nacional es clara al respecto. En el mismo reportaje, un vocero declaró que hablar de denuncias falsas como un fenómeno habitual y masivo en el sistema de justicia no tiene sustento en los datos.

Esto no contradice el caso de Rodrigo. Significa que existen denuncias falsas, como existe cualquier tipo de error dentro de un sistema judicial, pero que no representan la norma dentro del total de denuncias por abuso sexual infantil.

El archivo provisional, la zona gris que deja la duda

Cuando una denuncia no logra probarse, la causa suele pasar a lo que se llama archivo provisional, y no a un sobreseimiento definitivo.

Esa diferencia técnica tiene un efecto muy concreto: al no existir una declaración formal de inocencia, la persona denunciada no puede querellarse después por denuncia calumniosa. Queda con la duda flotando, sin una vía legal para cerrar el capítulo de forma definitiva.

Un sistema con la misma dotación desde hace una década

Las instituciones a cargo de investigar estos casos, entre ellas el Ministerio Público, las policías y los servicios periciales, cuentan con una dotación similar a la de hace casi diez años, mientras las denuncias por este tipo de delito se han duplicado en ese mismo período.

Ese desajuste entre la cantidad de casos y los recursos disponibles para investigarlos afecta a ambos lados por igual: retrasa la justicia para quien denuncia con razón, y prolonga la incertidumbre para quien es denunciado sin fundamento.

La deuda que quedó pendiente incluso después de la absolución

Cuando Rodrigo salió de prisión, no solo tuvo que reconstruir su relación con su hija. También descubrió que había acumulado una deuda cercana a los 5 millones de pesos en pensiones de alimentos de sus otros hijos, generada mientras estuvo privado de libertad.

Con un sueldo mínimo, esa deuda se convirtió en una condena adicional que ninguna sentencia absolutoria pudo revertir. La justicia lo declaró inocente del delito, pero no borró las consecuencias económicas que ese proceso dejó en su vida diaria.

El daño que queda, incluso cuando se prueba la inocencia

La psicóloga y perito judicial Carolina Valenzuela describe algo que suele repetirse en estos casos: el doble duelo que vive un hijo cuando, ya adulto, debe aceptar primero que su padre o madre no lo abandonó, y después entender que fue parte de un conflicto que no eligió.

Ese proceso no es simétrico. Quien fue denunciado carga con el estigma social incluso después de una absolución, y quien creció creyendo una versión distinta de su historia familiar tiene que reconstruirla desde cero.

Un proyecto de ley que sigue esperando

Desde 2021 existe un proyecto de ley para sancionar a quien denuncia falsamente abuso sexual del otro progenitor. A la fecha de este texto sigue sin discutirse en el Congreso.

Mientras eso no avance, el sistema sigue apoyándose en el mismo mecanismo para proteger a quienes denuncian con razón y para procesar a quienes, como Rodrigo, terminan pagando un costo que ninguna sentencia les devuelve.